El Departamento de Justicia anunció el jueves que iniciará una investigación sobre el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles por una posible infracción de la Segunda Enmienda.
La investigación analizará si el departamento está negando el derecho a portar armas a los californianos con “tarifas elevadas y largos tiempos de espera” para obtener los permisos.
El Departamento de Justicia citó una demanda en un tribunal federal en la que dos demandantes privados impugnaron el retraso de 18 meses que impuso el LASD al procesar su solicitud de licencia para portar armas ocultas. El departamento añadió que cree que podría haber más residentes en el Condado de Los Ángeles experimentando retrasos similares.
Los Ángeles
Según el departamento del Alguacil, una crisis de personal es la causa de los retrasos.
"El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles respeta la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho de las personas a poseer y portar armas, y continuará defendiendo los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo la seguridad pública. Nos comprometemos a procesar todas las solicitudes de Portación Oculta de Armas (CCW) de conformidad con las leyes estatales y locales para promover la tenencia responsable de armas”, señaló el departamento del alguacil en un comunicado.
“El departamento se enfrenta a una importante crisis de personal, con solo 14 miembros en nuestra Unidad de CCW, pero hemos aprobado con éxito 15,000 solicitudes de CCW. Actualmente, trabajamos diligentemente en aproximadamente 4,000 casos activos, esforzándonos por cumplir con este mandato sin fondos”, agregó.
Las autoridades federales también desafiaron a la legislatura de California, alegando que el estado promulgó nuevas leyes para “restringir aún más la capacidad de los californianos comunes y respetuosos de la ley para poseer y portar armas”.
“Este Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados mientras los estados y municipios vulneran los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos estadounidenses comunes y respetuosos de la ley”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.
“La Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase, y bajo mi supervisión, el Departamento la hará cumplir activamente, al igual que hace cumplir activamente otros derechos constitucionales fundamentales”.
Bondi añadió que esta investigación es la primera de muchas que el departamento investigará y que presuntamente niegan a las personas su Segunda Enmienda.
