La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó un acuerdo de $5 millones de dólares el martes en el caso de un agente del alguacil cuyo vehículo de patrulla se estrelló y mató a dos niños, de 7 y 9 años, en una acera en Boyle Heights en 2017.
La votación se realizó sin comentarios por parte de la junta.
Carrie Robles-Placencia, una oficial aprendiz y su colega, un oficial veterano de 11 años, estaban respondiendo a una llamada relacionada con un tiroteo cuando golpeó a los dos hermanos que caminaban a casa desde la escuela con su madre, de acuerdo con una evaluación de trabajo proporcionada por la Fiscalía del Distrito del Condado de Los Ángeles.
El vehículo de patrulla, un SUV Ford Explorer 2015, tenía sus luces de emergencia encendidos cuando había atravesado un semáforo en rojo en la intersección de la calle Indiana y el bulevar Whittier alrededor de las 7:25 p.m. el 16 de noviembre de 2017 y viajaba unas 14 mph cuando un Honda Accord se estrelló con él y luego giró y chocó contra otro vehículo.
El SUV aceleró a unas 22 mph después de chocar con el Honda Accord, y el conductor se desvió para evitar a algunos peatones cuando el vehículo saltó una acera, según la hoja de trabajo. Sin embargo, el SUV golpeó a la familia y a otros dos peatones, junto con un basurero que golpeó a otra persona.
José Hernández, de 7 años, murió en la escena y su hermano de 9 años, Marco, sufrió heridas mortales. Su madre, Verónica Solís, sufrió graves fracturas en n el pelvis y otros huesos rotos. Otras seis personas también resultaron heridas.
Los investigadores de tráfico concluyeron que el accidente se debió a que Robles-Placencia se pasó por el semáforo en rojo sin ambas luces y una sirena para alertar a los peatones y otros vehículos para ceder el paso, llamando a su acción “sin el debido respeto por la seguridad de todas las personas en la carretera”.
Local
En noviembre de 2018, los fiscales se negaron a presentar cargos penales contra la oficial, señalando que necesitaban más pruebas para probar un delito menor vehicular de homicidio involuntario.
“Se requeriría que el pueblo demuestre que las acciones de Robles-Placencia, dada las circunstancias, equivalieron a negligencia criminal u negligencia ordinaria, y que no usar la sirena patrullera era razón necesario bajo la circunstancias“, concluyó la Fiscalía en ese momento.
Cuando el oficial vio que un autobús de Metro se detenía en respuesta a su luces intermitentes, avanzó a través de la intersección a una velocidad lenta.
Un abogado defensor podría argumentar que fue simplemente un error de juicio no darse cuenta de que fuera posible que otro vehículo que viniera junto al autobús no se detuviera, que negligencia, decía el resumen.
El documento también decía: “Es casi inconcebible que Robles eligiera acelerar y conducir hacia la acera voluntariamente”.
Ella pudo haber creído que estaba pisando el freno y se horrorizó al darse cuenta de que el SUV estaba acelerando, decía el resumen.
La madre del niño y otros demandantes entablaron una demanda contra el condado, y el oficial, alegando que Robles-Placencia había actuado imprudentemente y no estaba entrenada adecuadamente.
Los abogados del condado presentaron una carta pidiendo a la junta que autorizara los $5 millones de liquidación, pero no proporcionaron información más allá del título del caso, el número y la siguiente descripción: Esta demanda surge de una accidente múltiple vehicular mortal que involucra a un oficial de alguacil en servicio.
