La Junta de Supervisores votó el lunes para reunir un grupo de trabajo para identificar y ayudar a los niños que viven en el condado de Los Ángeles y que se encuentran entre los 545 jóvenes que se estima que aún están separados de sus familias luego de una ofensiva migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.
La supervisora Hilda Solís recomendó el grupo de trabajo y envió una carta a los secretarios de Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, así como a los líderes de la Cámara y el Senado, denunciando las políticas de la administración con respecto a las familias inmigrantes.
"Siendo el condado más grande y un condado integrado por su comunidad de inmigrantes, estamos obligados a actuar", dijo Solís. “Guardar silencio no es una opción. Con esta moción, exigimos que los niños separados se reúnan rápidamente con sus padres porque las familias pertenecen juntas”.
En una presentación judicial la semana pasada, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros defensores de la inmigración informaron que los abogados designados por un juez federal para identificar a las familias migrantes separadas bajo la política de “tolerancia cero” de la administración Trump no han podido ubicar a los padres de 545 niños.
Todos los niños han sido entregados a patrocinadores o cuidados familiares, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
ACLU dijo que se cree que alrededor de dos tercios de los padres han sido deportados a sus países de origen.
“La gente pregunta cuándo encontraremos a todas estas familias y, lamentablemente, no puedo dar una respuesta. Simplemente no lo sé '', dijo a NBC News Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
"Pero no dejaremos de buscar hasta que encontremos a cada una de las familias, no importa cuánto tiempo lleve. La trágica realidad es que cientos de padres fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos, quienes permanecen aquí con familias de acogida o parientes lejanos".
Los supervisores ordenaron a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del condado que convocara al grupo de trabajo y pusiera los servicios sociales a disposición de los niños, los patrocinadores o sus familias.
La junta solicitó un informe en 30 días.
