Los Ángeles

Proponen a exconcejal Herb Wesson como representante temporal del Distrito 10

El distrito no ha tenido un representante con derecho a voto desde la suspensión de Mark Ridley-Thomas el 20 de octubre tras ser acusado en un caso federal de corrupción.

Telemundo

Lo que debes saber

  • Mark Ridley-Thomas fue suspendido el 20 de octubre de 2021 tras ser acusado en un caso federal de corrupción.
  • El Distrito 10 ha sido supervisado por la cuidadora Karly Katona, quien no tiene autoridad para votar.
  • El juicio contra Ridley-Thomas y la ex decana de la Escuela de Trabajo Social de la USC, Marilyn Flynn, comenzará el 9 de agosto.

El presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles presentó el miércoles una moción para nombrar al ex concejal Herb Wesson como representante del Distrito 10 de la ciudad en reemplazo del concejal Mark Ridley-Thomas, quien fue suspendido tras ser acusado en un caso federal de corrupción.

Muchos líderes de la comunidad habían presionado para que se nombrara a Wesson para representar al distrito, que no ha tenido un representante con derecho a voto desde la suspensión de Ridley-Thomas el 20 de octubre.

"Con más de 30 años en el servicio público representando a los residentes del Distrito 10 del Concejo, no hay mejor opción en este momento que el ex concejal Herb Wesson", dijo el presidente del Concejo, Nury Martínez. 

“El Sr. Wesson se preocupa profundamente por las comunidades que representa y conoce el distrito mejor que nadie. Los constituyentes del Distrito 10 del Concejo necesitan un miembro votante que entienda a su comunidad para que los represente dentro de las Cámaras del Concejo”.

El nombramiento debe ser aprobado por una mayoría del Concejo Municipal, según la oficina de Martínez. Wesson representó al Distrito 10 desde 2005 hasta diciembre de 2020. También se desempeñó como presidente del consejo antes de Martínez, desde 2012 hasta 2020.

Si se confirma, Wesson ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre, a menos que se absuelva a Ridley-Thomas o se retiren los cargos en su contra.

En una declaración a City News Service, el abogado de Ridley-Thomas, Michael Proctor, se opuso al nombramiento, calificándolo de "prematuro" y "antidemocrático".

“Desde el primer día, Mark Ridley-Thomas ha prometido su compromiso de continuar sirviendo a los constituyentes del Distrito 10. El 'proceso' del presidente del consejo ha carecido de transparencia, inclusión o aportes de los votantes”, dijo el abogado de Ridley-Thomas, Michael Proctor, quien se opuso al nombramiento, calificándolo de “prematuro” y “antidemocrático”.

“Esos votantes están siendo así privados de sus derechos constitucionales de representación de primer orden. La preocupación de Mark Ridley-Thomas es por esos electores, y un representante designado, en deuda con Nury Martinez, no resuelve esta denegación de representación”.

El Distrito 10 ha sido supervisado por la cuidadora Karly Katona, quien no tiene autoridad para votar.

CARGOS CONTRA EL CONCEJAL

El juicio contra Ridley-Thomas y la ex decana de la Escuela de Trabajo Social de la USC, Marilyn Flynn, comenzará el 9 de agosto. 

Ambos ​​están acusados ​​en una imputación de 20 cargos que alegan un trato secreto mediante el cual Ridley-Thomas, cuando era un miembro de la Junta de Supervisores del condado, acordó dirigir el dinero del condado a la universidad a cambio de admitir a su hijo Sebastian Ridley-Thomas en la escuela de posgrado con una beca de matrícula completa y una cátedra paga.

Flynn supuestamente hizo arreglos para canalizar una donación de $100,000 de los fondos de la campaña de Ridley-Thomas a través de la universidad a una organización sin fines de lucro que sería operada por su hijo, un exmiembro de la Asamblea. La donación provocó una investigación por parte de la Oficina del Fiscal Federal en Los Ángeles que permanece abierta, dijeron los fiscales.

A cambio, sostiene la acusación formal, Ridley-Thomas apoyó los contratos del condado que involucraban a la Escuela de Trabajo Social, incluidos acuerdos lucrativos para brindar servicios al Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado y al Departamento de Libertad Condicional, así como una enmienda a un contrato con el Departamento de Salud Mental que traería a la escuela millones de dólares en nuevos ingresos.

Ambos acusados ​​​​han negado rotundamente haber actuado mal y prometieron que la evidencia limpiará sus nombres.

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