Un fiscal le dijo a un juez el miércoles que una madre de Lancaster y su novio torturaron y abusaron al hijo de la mujer por dos semanas antes de su muerte, mientras un abogado para el hombre alegó que su cliente debería ser absuelto de homicidio.
El juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Sam Ohta, fue elegido para escuchar el caso luego de que ambos lados renunciaron su derecho a un juicio con jurado para Heather Maxine Barron, de 33 años, y Kareem Ernesto Leiva, de 37, quienes están acusados por la muerte de Anthony Avalos, de 10 años, en junio del 2018.
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Ambos están acusados de un cargo cada uno de homicidio y tortura por la muerte de Anthony, además de dos cargos de abuso de menores relacionados a los medio hermanos del niño.
El cargo de homicidio incluye la denuncia de circunstancia especial de homicidio involucrando tortura. Sobre las objeciones del fiscal del distrito Jonathan Hatami, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles abandonó su intento de buscar la pena de muerte contra los acusados luego de la elección del Fiscal del Distrito George Gascón, quien emitió una directiva diciendo que “una sentencia de muerte nunca es una resolución apropiada en ningún caso”.
Barron y Leiva ahora podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si son hallados culpables.
“Anthony Avalos se graduó del 4to grado el 7 de junio del 2018, y por dos semanas consecutivas fue abusado y torturado cada día, culminando con cuando los primeros intervinientes hallaron su cuerpo sin vida el 20 de junio”, dijo el fiscal del distrito Saeed Teymouri en su declaración de apertura.
El pequeño murió la mañana siguiente.
El fiscal le dijo al juez que hubo múltiples contactos con el Departamento de Servicios de Niños y Familias, remontando al 2014.
“Ella ha estado torturando a sus hijos por un largo periodo de tiempo, y cuando el acusado Leiva entró en el cuadro, se tornó mortal”, aseguró Teymouri.
El fiscal dijo que el niño ya tenía “muerte cerebral” y habría estado tirado en el piso en el hogar de la familia “por lo menos un día, posiblemente más” cuando Barron llamó al 911 para buscar asistencia para él, y que los acusados “fabricaron una historia que Anthony Avalos se lesionó a si mismo”.
El joven tenía “nuevas y viejas heridas – literalmente de pies a cabeza”, relató el fiscal, mostrando una foto del niño mientras estaba vivo, y luego un video desde el hospital enseñando sus heridas.
El fiscal mostró una grabación de audio de la entrevista de Barron, en la cual ella les dijo a los investigadores: “Prometo que no herí a mi hijo. Yo no dejé que nadie hiriera a mi hijo …. Yo juro que él solo estaba portándose mal y se aventó porque no quería comer”.
Ella le dijo a los investigadores que el niño habría dicho que posiblemente era gay y que ella respondió diciéndole que lo querría sin ninguna reservación porque él era su “bebé”.
Leiva subsecuentemente reconoció que forzó al joven a ponerse de rodillas sobre arroz crudo, y admitió que lo habría dejado inconsciente por alrededor de 5 minutos sólo días antes, según el fiscal.
Uno de los abogados de Leiva, Dan Chambers, refutó diciendo que la evidencia mostraría que hay “duda razonable” involucrando la carga de homicidio contra su cliente.
Dijo que dos cuestiones mayores serán “una falta de intención de matar” y el tema de “causalidad”.
El abogado cuestionó las palabras de los medio hermanos Anthony, cuyo testimonio dijo ha cambiado pasando el tiempo y es “inconsistente con la evidencia médica”.
“Este caso es un caso de abuso severo, pero en cuanto se trata al señor Leiva, no es un homicidio”, el abogado defensor le dijo al juez.
Los abogados de Barron reservaron su derecho a dar una declaración de apertura para cuando la defensa comience su porción en el caso.
La cuñada de Barron, Maria Barron, testificó que Anthony llegó a vivir con ella y su esposo en dos ocasiones – primero en el 2014 y luego en el 2015 – y que ella ofreció quedarse con él y con tres de sus medio hermanos.
“Me dijo que no. Ella necesitaba sus beneficios” relató la cuñada, añadiendo que después Barron no le permitió ni a ella ni a su esposo ver a los niños, luego de que reportaron que los niños dijeron que estaban siendo abusados.
Barron y Leiva fueron acusados en junio del 2018 por la matanza del joven, y subsecuentemente fueron imputados por un gran jurado de Los Ángeles en octubre del mismo año. Permanecen encarcelados sin fianza.
El pasado octubre, la junta de supervisores del condado aprobó un pago de $32 millones para resolver una demanda por parte de la familia de la víctima, quienes alegaron que varios trabajadores sociales no respondieron apropiadamente a reportes de abusos de Anthony y sus medio hermanos.
La otra entidad mencionada en la demanda, Hathaway-Sycamore Child and Family Services, basada en Pasadena, resolvió su porción del caso por una suma no divulgada.
La demanda citó otras muertes de niños quienes también estaban siendo monitoreados por el departamento de familias – Gabriel Fernandez, de 8 años, y Noah Cuatro, de 4 años, ambos de Palmdale – para alegar “fallas sistémicas” dentro de la agencia.
