Miles de angelinos cuyos movimientos, vestimenta e incluso relaciones fueron estrictamente restringidos bajo las órdenes restrictivas de pandillas fueron liberados de esas medidas judiciales este año.
El fiscal municipal envió 7,300 cartas en 2017 informando a las personas que ya no estaban sujetas a órdenes judiciales de actividades de pandillas.
Estas órdenes judiciales civiles pueden restringir a alguien de asociarse con amigos, o incluso miembros de la familia, en vecindarios considerados como refugios para ciertas pandillas callejeras. Violar las órdenes puede resultar en arresto.
Este hecho marcó una reducción dramática en el uso de una herramienta de lucha contra el crimen, la cual fue una vez aclamada como una respuesta innovadora a las pandillas callejeras violentas de la ciudad.
La purga de nombres se produce en medio de un creciente debate sobre si estas órdenes aún tienen sentido en una era de disminución del crimen y la actividad de las pandillas, informó el diario Los Ángeles Times.
Los funcionarios tomaron las medidas luego de que la fiscalía y la policía de la ciudad de Los Ángeles realizaran una auditoría conjunta de las listas de interdictos a pandillas en 2016, según el periódico.
“Estas personas, que una vez fueron miembros activos de pandillas, ya no representan una amenaza para la comunidad. Muchos se han alejado de la vida de las pandillas, se han hecho mayores y más responsables... mientras que otros se han ido del vecindario y ya no frecuentan el área geográfica limitada que cubre la orden judicial pertinente", dijo el portavoz de la fiscalía Rob Wilcox en informes publicados por The Times. .
Local
“Algunos todavía están en prisión, mientras que otros ya fallecieron”.
Desde el año 2000, la ciudad ha aplicado medidas cautelares contra 79 grupos separados de pandillas, que abarcan aproximadamente a 8,900 personas, dijo Wilcox. Ahora, el 82 por ciento de esas personas han sido liberados de las órdenes.
El recorte masivo a las listas de medidas cautelares se produjo cuando grupos de derechos civiles y activistas de la reforma de pandillas rechazaban las órdenes judiciales por considerarlas injustas y obsoletas. Las órdenes de pandillas de LAPD niegan el debido proceso a los blancos, dice la demanda de Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
En una demanda presentada el año pasado, la ACLU argumentó que la imposición de medidas cautelares por parte de la ciudad es inconstitucional.
