El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien fue demandado por grupos de derechos de armas después de tratar de cerrar las tiendas de armas de fuego a raíz de las preocupaciones por el coronavirus, dijo el lunes que está abandonando el esfuerzo.
El alguacil dijo que está basándose en un aviso del Departamento de Seguridad Nacional federal emitido el sábado que enumeró a los vendedores de armas y municiones como "trabajadores esenciales de infraestructura crítica".
Villanueva calificó el memorando no vinculante como "persuasivo" y anunció que su departamento no ordenará ni recomendará cerrar negocios que venden o reparan armas de fuego o municiones en el condado más poblado de la nación.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dicho que cada uno de los 58 condados del estado puede decidir por sí mismo si los comerciantes de armas de fuego deben incluirse como negocios no esenciales que deberían estar sujetos a cierre mientras el estado busca limitar la propagación de COVID-19.
Los Ángeles
La enfermedad causa síntomas leves o moderados para la mayoría de las personas, pero para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.
Villanueva ordenó el cierre de las tiendas de armas la semana pasada, diciendo que las compras de pánico que producían largas colas en las tiendas eran preocupantes desde el punto de vista de la seguridad pública.
Días después, emitió una segunda orden de cierre al público, a pesar de que un asesor legal del condado descubrió que las tiendas son negocios esenciales que deberían permanecer abiertos.
Sin embargo, la segunda orden de Villanueva dijo que las tiendas aún pueden suministrar compañías de guardias de seguridad, y cualquiera que ya haya comprado un arma y posea un certificado de seguridad válido puede recoger sus armas de fuego.
El viernes, cuatro grupos, incluida la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, presentaron una demanda federal, alegando que las acciones del alguacil violan el derecho constitucionalmente garantizado a portar armas.
