Dos agentes del condado de Los Ángeles actuaron en defensa propia y no enfrentarán cargos penales por disparar fatalmente a un hombre negro al que intentaron detener por andar en bicicleta en la dirección equivocada, anunciaron los fiscales el martes.
Dijon Kizzee sostenía una pistola cuando le dispararon el 31 de agosto de 2020, según una revisión de la División de Integridad del Sistema de Justicia de la oficina del fiscal de distrito del condado.
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Kizzee, de 29 años, fue asesinado en el sur de Los Ángeles después de que los agentes intentaran detenerlo por una infracción de tránsito mientras andaba en bicicleta. Dejó caer la bicicleta y se escapó, cargando un bulto de ropa que, según las autoridades, contenía un arma de fuego.
Los agentes dijeron a los investigadores que no sabían que había un arma en la ropa y le dispararon a Kizzee después de que él recogió el arma cuando se cayó durante una pelea con uno de ellos.
Una autopsia encontró que Kizzee había sido alcanzado 16 veces por balas en la parte delantera y trasera. Los abogados de la familia han dicho que los testigos describieron una ráfaga de disparos mientras yacía en el suelo, aunque una autopsia no indicó la posición de su cuerpo cuando recibió el disparo.
Su muerte provocó protestas en el sur de Los Ángeles.
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En un memorando del 10 de noviembre, la oficina del fiscal dijo que había concluido que los agentes Christian Morales y Michael García “creyeron razonablemente, en base a la totalidad de las circunstancias, que la fuerza era necesaria para defenderse de una amenaza de muerte cuando inicialmente dispararon sus armas”.
El memorando también decía que no había pruebas suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable en un tribunal penal que los últimos disparos de los agentes no se realizaron en defensa de ellos mismos o de otros.
“Mi corazón está con la familia del Sr. Kizzee por la pérdida de su ser querido”, dijo el martes el fiscal de distrito George Gascón en un comunicado.
Los abogados de la familia de Kizzee han cuestionado por qué lo detuvieron en primer lugar, calificándolo como un ejemplo de "andar en bicicleta siendo negro" en una comunidad de color.
La familia de Kizzee presentó un reclamo de $35 millones contra el condado, que a menudo es un precursor de una demanda.
