El condado de Los Ángeles llegó a un acuerdo para pagar $32 millones en virtud de un acuerdo provisional de una demanda presentada por los familiares de un niño de Lancaster de 10 años que murió en 2018 después de que su madre y su novio supuestamente lo sometieran a torturas, dijeron este miércoles los abogados.
El acuerdo de la parte del condado de la demanda por la muerte de Anthony Ávalos se anunció en la corte la semana pasada, pero no se revelaron los términos. Los abogados de la familia realizaron una conferencia de prensa el miércoles para anunciar el monto del acuerdo de $32 millones, que aún está pendiente de aprobación por parte de la Junta de Supervisores del condado.
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El acuerdo deja a Hathaway-Sycamores Child and Family Services, con sede en Pasadena, como el único acusado en la demanda presentada en julio de 2019. La demanda acusaba al condado y a varios trabajadores sociales de no responder adecuadamente a los informes de abusos de Anthony y sus medios hermanos.
La demanda alega que Hathaway-Sycamores asignó a la empleada Barbara Dixon para que trabajara con la familia a pesar de que supuestamente no había denunciado el abuso en el caso de Gabriel Fernández, de 8 años, de Palmdale, quien, al igual que Anthony, fue asesinado mientras estaba al cuidado de su madre y el novio de ella.
Pero en sus documentos judiciales, los abogados de Hathaway-Sycamore afirman que los demandantes no hacen alegaciones sobre lo que supuestamente presenció Dixon o si ella sospechaba algún abuso que no formara parte de lo que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado ya sabía.
Un gran jurado acusó formalmente a Heather Maxine Barron, de 32 años, y Kareem Ernesto Leiva, de 36, en octubre de 2018 por los cargos de asesinar al niño y abusar de otros dos niños en el hogar.
La Oficina del Fiscal de Distrito en mayo de 2021 cambió de rumbo y anunció que ya no buscaría la pena de muerte contra la pareja, quienes ahora enfrentan una posible sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si son declarados culpables.
Los fiscales alegan que Anthony fue severamente torturado durante los últimos cinco o seis días de su vida por su madre y Leiva. El presunto abuso incluyó azotar al niño con un cinturón y una cuerda enrollada, verterle salsa picante en la cara y la boca, sujetarlo por los pies y dejarlo caer de cabeza repetidamente, según un expediente judicial.
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Desde 2013 hasta su muerte en 2018, se presentaron informes de abuso al DCFS de que a Anthony y sus seis medios hermanos se les negó comida y agua, fueron golpeados, abusados sexualmente, colgados boca abajo de una escalera, obligados a agacharse durante horas mientras sostenían objetos pesados, encerrados en espacios pequeños sin acceso a un baño, obligados a pelear entre ellos y obligados a comer de la basura, según los documentos judiciales de los demandantes.
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“A pesar de estas continuas denuncias de abuso, y algunas de las cuales se encontraron confirmadas, DCFS continuó dejando a los niños al cuidado de Barron y Leiva, exponiendo a Anthony y sus medios hermanos a torturas y abusos continuos”, alegan los documentos judiciales de los demandantes.
