La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó el martes formalmente un acuerdo de $32 millones de una demanda presentada por familiares de un niño de Lancaster que murió en 2018, luego de que su madre y su novio supuestamente lo sometieran a torturas extensas.
El acuerdo del condado por la demanda de la muerte de Anthony Avalos, de 10 años, se anunció en mayo, y los abogados de la familia confirmaron una semana después de que el condado pagaría $32 millones, en espera de la aprobación de la Junta de Supervisores.
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“Esperamos que la familia y los seres queridos de Anthony encuentren un poco de paz y cierre en la resolución de este trágico caso'', según un comunicado emitido por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado, luego de la aprobación del acuerdo por parte de la junta.
"La muerte de Anthony y otras tragedias infantiles demuestran las complejidades del bienestar infantil, y seguimos aplicando las lecciones aprendidas para evolucionar y mejorar la forma en que trabajamos con los niños y las familias", agrega el comunicado.
La demanda acusó al condado y a varios trabajadores sociales de no responder adecuadamente a los informes de abusos de Anthony y sus medios hermanos.
“Este niño no debería haber soportado nada de lo que aguantó”.
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dijo el abogado de los demandantes, Brian E. Claypool, en una conferencia de prensa en mayo. "Anthony sabe que no murió en vano porque murió para que otros niños pudieran vivir".
El otro demandado restante en la demanda, Hathaway-Sycamores Child and Family Services, con sede en Pasadena, resolvió su parte del caso en agosto por un monto no revelado.
La demanda alega que Hathaway-Sycamores asignó a la empleada Barbara Dixon para que trabajara con la familia a pesar de que supuestamente no había denunciado el abuso en el caso de Gabriel Fernández.
El niño de 8 años, de Palmdale, al igual que Anthony, fue asesinado mientras estaba al cuidado de su madre y su novio. Según Claypool, Dixon era un interno sin licencia.
En sus documentos judiciales, los abogados de Hathaway-Sycamores declararon que los demandantes no hicieron alegaciones sobre lo que supuestamente presenció Dixon o si ella sospechaba algún abuso que no fuera ya parte de lo que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado ya sabía.
Un gran jurado acusó formalmente a Heather Maxine Barron, de 32 años, y a su novio, Kareem Ernesto Leiva, de 36 años, en octubre de 2018 por cargos de que asesinaron al niño y abusaron de otros dos niños en el hogar.
La Oficina del Fiscal de Distrito en mayo de 2021 cambió de rumbo y anunció que ya no buscaría la pena de muerte contra la pareja, quienes ahora enfrentan una posible sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si son declarados culpables.
El padre de Anthony, Víctor Avalos, dijo durante la conferencia de prensa de mayo que todavía tiene problemas para sobrellevar la muerte de su hijo. "Nada lo traerá de regreso", dijo.
La tía de Anthony, Maria Barron, sostuvo una foto de un Anthony sonriente. Ella dijo que el niño vivió feliz con ella y su esposo, David Barron, durante siete años hasta que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado ordenó que se lo devolvieran a su madre.
“Realmente creo que Anthony podría haberse salvado si DCFS hubiera hecho su trabajo apropiadamente'', dijo María Barrón.
Los fiscales alegan que Anthony fue severamente torturado durante los últimos cinco o seis días de su vida por su madre y Leiva.
El presunto abuso incluyó azotar al niño con un cinturón y una cuerda enrollada, verterle salsa picante en la cara y la boca, sujetarlo por los pies y dejarlo caer de cabeza repetidamente, según un expediente judicial.
Desde 2013 hasta su muerte en 2018, se presentaron informes de abuso al DCFS de que a Anthony y sus seis medios hermanos se les negó comida y agua, fueron golpeados, abusados sexualmente, colgados boca abajo de una escalera, obligados a agacharse durante horas mientras sostenían objetos pesados, encerrados en espacios pequeños sin acceso a un baño, obligados a pelear entre sí y obligados a comer de la basura, según los documentos judiciales de los demandantes.
"A pesar de estas continuas denuncias de abuso, y algunas de las cuales fueron comprobadas, DCFS continuó dejando a los niños bajo el cuidado de Barron y Leiva, exponiendo a Anthony y sus medios hermanos a torturas y abusos continuos", alegan los documentos judiciales de los demandantes.
