El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo en declaraciones informadas hoy que revivirá a un equipo de drogas que fue duramente criticado por detener desproporcionadamente a los conductores latinos en la Autopista 5, pero dijo que la unidad seguiría las estrictas normas constitucionales para evitar el perfil racial.
El equipo de Cumplimiento de Leyes en Carreteras Nacionales se suspendió en noviembre después de que el inspector general del condado, Max Huntsman, dijo que una investigación preliminar realizada por su oficina descubrió que la unidad fue "construida intrínsecamente para violar los derechos constitucionales de un gran número de personas que pasan por la Autopista 5”.
Villanueva le dijo el martes a Los Ángeles Times que se espera que un nuevo equipo de agentes especializados en narcóticos inicie las operaciones de control de drogas, más adelante en este año, en el tramo de la carretera interestatal al norte de Santa Clarita. Dijo que el exequipo no alcanzó los estándares del departamento en cuanto a cómo trataban a los conductores latinos.
"Tal vez comenzaron con las mejores intenciones, pero con el tiempo obtuvieron ... un perfil que tenía demasiado de un componente que era constitucionalmente inadmisible", dijo Villanueva. “Así que necesitamos reiniciar y volver a lo que está permitido”.
Villanueva dijo que al equipo renovado se le daría un nombre diferente y estaría compuesto por algunos oficiales que son hablantes nativos de español. El alguacil no especificó qué tan grande sería la unidad o qué reformas se harían antes de que se reanuden las operaciones. Dijo que la unidad tendría que equilibrar su misión de interrumpir el flujo de drogas desde México con su deber legal de no violar los derechos constitucionales de los conductores.
“Si el perfil criminal es que los carteles mexicanos están usando inmigrantes nativos mexicanos para transportar drogas a través del corredor del I-5, en algún momento cuando empiece a disminuir a las personas adecuadas, va a terminar siendo una gran cantidad de personas que hablan español", dijo a The Times. “Pero tenemos que separar el trigo de la paja. Y tenemos que usar el mismo estándar para todos”.
El enfoque de la unidad se examinó por primera vez en octubre, cuando una investigación del Times detallaba cómo el equipo se había detenido y registrado los vehículos de más de 3,500 conductores que no tenían drogas u otros artículos ilegales. La abrumadora mayoría de ellos eran latinos.
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El análisis del Times de los datos del Departamento del Alguacil reveló que el 69% de los conductores detenidos por el equipo eran latinos y que a dos tercios de ellos les habían registrado sus vehículos, una tasa más alta que los automovilistas de otros grupos raciales y étnicos. Los autos que pertenecen a todos los demás conductores fueron registrados en menos de la mitad del tiempo.
En contraste, los latinos representaron el 43% de los automovilistas que recibieron una citación de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en el mismo tramo de la autopista durante un período de seis meses el año pasado, según un informe de la oficina del inspector general publicado hace semanas.
El informe encontró que el trabajo del equipo “tuvo un impacto constitucional preocupante en los conductores latinos” y casi un tercio de las denuncias penales federales basadas en los arrestos de la unidad, 11 de 36, fueron descartados por los tribunales o por los fiscales.
La oficina del inspector general dijo que hubo problemas con la supervisión tan pronto como se creó la unidad en 2012 y que el Departamento del Alguacil debería haber estado al tanto. Ya en 2014, según el informe, la oficina del abogado de los Estados Unidos les dijo a los oficiales del alguacil sobre problemas de credibilidad con respecto a un oficial asignado a este equipo; sin embargo, no se realizó ningún estudio para determinar si había problemas sistémicos detrás de las prácticas del equipo.
La unidad, compuesta por un sargento, cuatro oficiales, un detective de narcóticos a tiempo parcial y un perro detector de drogas, se centró en la sección Grapevine de la Interestatal 5, entre la frontera norte del condado de Los Ángeles y Santa Clarita.
