El jurado en el juicio contra Isauro Aguirre comenzará hoy miércoles su tercer día de deliberaciones para determinar si el hombre debe ser condenado a muerte o a cadena perpetua sin libertad condicional, por la muerte del pequeño Gabriel Fernández.
La fiscalía les pidió a los miembros del jurado que decidan si recomiendan la pena de muerte o cadena perpetua para Isauro Aguirre, un ex guardia de seguridad de 37 años. Un fiscal les dijo durante sus argumentos finales el lunes que la pena de muerte era el “único castigo apropiado y justo”, pero un abogado defensor pidió clemencia.
El panel de siete mujeres y cinco hombres encontró a Aguirre culpable de asesinato en primer grado por la muerte en mayo de 2013 del niño de ocho años. Los miembros del jurado también tomaron en cuenta el agravante del uso de métodos de tortura contra la víctima, lo que lo convierte en una persona elegible para la pena capital.
El jurado presentó una pregunta al tribunal la noche del lunes sobre cuál sería el resultado del caso si el panel no puede llegar a un veredicto unánime.
El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, George G. Lomeli, dijo al panel la mañana del martes que la pregunta era “un poco prematura”, y señaló que los miembros del jurado no habían dedicado demasiado tiempo a discutir el caso.
Justo antes de partir para el día martes, el jurado envió otra nota que no se ha divulgado públicamente. Los abogados regresarán a la corte a las 9:30 del martes para discutir la nota, con los jurados listos para regresar a la corte a las 10 a.m.
La madre del niño, Pearl Sinthia Fernández, de 34 años, espera juicio por separado en el asesinato de su hijo. Ella también podría enfrentar la pena de muerte si es declarada culpable.
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Aguirre y la madre del niño permanecen encarcelados sin derecho a fianza desde que fueron acusados de la muerte del niño, en mayo de 2013. Los dos fueron posteriormente acusados por un jurado indagatorio del condado de Los Ángeles.
Dos trabajadoras sociales del Condado de Los Ángeles, Stefanie Rodriguez y Patricia Clement, y los supervisores Kevin Bom y Gregory Merritt fueron acusados el año pasado de un delito grave de abuso infantil y falsificación de registros públicos en relación con el caso.
