La familia de una niña de 11 años que sufrió un ataque de asma y falleció en la víspera de Navidad, después que varias llamadas al 911 fueron supuestamente mal encaminadas, presentó un reclamo contra el condado de Los Ángeles y el alguacil Jim McDonnell, en busca de más de 5 millones de dólares en daños y perjuicios.
Los abogados de la familia de Ashley Flores acusan de negligencia grave al departamento del alguacil, señalando lo que dicen son problemas sistémicos en el sistema de despacho de emergencia, particularmente en la estación Century.
Ashley tuvo problemas para respirar al mediodía el pasado 24 de diciembre y su hermana de 16 años llamó reiteradamente al 911 pidiendo ayuda, según el reclamo presentado en nombre de la familia por el abogado Dale Galipo. Las llamadas se pusieron en espera y luego se desviaron a una estación de bomberos vacía y no recibieron respuesta, dijo.
Otros miembros de la familia también llamaron y finalmente hablaron con un despachador de incendios después de cinco intentos, según el reclamo.
Hubo “al menos un retraso de 15 minutos'' para hablar con los paramédicos y “debido a ese retraso, Ashley murió '', dijo Galipo, de pie junto a la familia de la niña en los escalones de la Sala de Justicia.
"El ayudante del alguacil que estaba sentado en ese escritorio... estaba entrenado en forma inadecuada para ejercer esa función" y se le había enseñado a reenviar las llamadas a la estación de bomberos, en lugar de seguir el procedimiento correcto de enviarlas a un despachador de incendios que lo contactaría con la ambulancia más cercana, alegó Galipo.
La familia vive en Lynwood, aproximadamente a cinco minutos del Centro Médico St. Francis, donde un médico les dijo que Ashley podría haber sobrevivido si hubiera recibido ayuda rápidamente, según el abogado.
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Un portavoz del alguacil se negó a comentar, citando un litigio pendiente, pero señaló una declaración emitida anteriormente.
"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia por la trágica muerte de Ashley Flores", dijo la declaración, señalando que McDonnell se acercó personalmente a la familia.
“Claramente, la muerte de esta niña es desgarradora. Hemos abierto una investigación sobre el incidente y hasta que todos los hechos estén claramente establecidos mediante una revisión exhaustiva, no podremos hacer más comentarios".
Galipo dijo que las operaciones en la Estación Century, que incluyen el manejo de las llamadas entrantes al 911, habían fallado tres años de inspecciones internas.
“¿Cuánto tiempo podría llevar investigar esto? ¿Seis horas, 12 horas?'', Preguntó Galipo.
Pidió más transparencia del departamento del alguacil, que dijo que no entregó ningún documento a la familia y sus abogados.
Los familiares, incluida la joven de 16 años que llamó al 911, dijeron que decidieron presentar el reclamo para comprender mejor lo que sucedió y evitar futuras tragedias.
“No quiero que nadie pase por lo que está pasando mi familia'', dijo Dulce Flores a los periodistas. La adolescente dijo que se sintió "sorprendida, conmocionada (y) enojada" por la manera en que se atendieron sus súplicas de ayuda mientras veía a su hermana morir frente a ella.
La abogada Vicki Sarmiento, quien también representa a la familia, cuestionó si la respuesta de emergencia podría haber sido más rápida en un vecindario diferente.
“¿Están recibiendo el mismo tratamiento que West Los Ángeles, Beverly Hills?”, preguntó Sarmiento, aunque reconoció que no tenía pruebas contundentes de tal patrón de discriminación.
Presentar el reclamo es un primer paso en un proceso que conducirá a la presentación de una demanda en una corte federal dentro de 45 días a partir de ahora, dijeron los abogados a los periodistas.
"Creemos que hay violaciones constitucionales involucradas en lo que sucedió", dijo Galipo, citando una supuesta "deliberada indiferencia hacia la salud y la seguridad".
En su declaración anterior, el departamento del alguacil dijo que sus propios agentes y sus familias dependen del 911 en situaciones de emergencia y está comprometido con una revisión completa de lo sucedido.
“Es esencial que hagamos todo lo posible para garantizar la confianza pública en que nuestro sistema de respuesta a emergencias funcione. Las vidas de más de 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles dependen de eso''.
