La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el martes para apoyar la legislación estatal para reforzar las protecciones contra los depredadores financieros que explotan a los inmigrantes que buscan establecer su residencia en Estados Unidos.
La supervisora Hilda Solis recomendó perseguir el "fraude notarial" por parte de personas que se hacen pasar por abogados licenciados, a pesar de la falta de capacitación y de ofrecer asesoramiento sobre inmigración.
"Los residentes del condado que son víctimas de este fraude pierden cientos o miles de sus dólares ganados con tanto esfuerzo por estafadores sin escrúpulos", dijo Solís.
"Y en muchos casos, las víctimas también pierden todas las posibilidades de obtener la residencia en Estados Unidos. Y terminan enfrentando la deportación".
En algunos países de América Latina y Europa, los "notarios públicos" tienen una formación educativa y obligaciones profesionales similares a los abogados. Sin embargo, en Estados Unidos, un notario público solo puede ser testigo de firmas y traducir formularios y no está autorizado a brindar asesoramiento legal.
Eso no impide que algunos notarios operen ilegalmente, a veces se promocionan como una opción más accesible para contratar a un abogado con licencia.
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Al ganar la confianza por hablar el idioma nativo de un inmigrante, los estafadores a menudo completan incorrectamente los documentos importantes o no completan los formularios.
Otros cobran demasiado a los clientes o roban dinero.
Las víctimas pueden no estar familiarizadas con las leyes en contra de la práctica o tener miedo de hablar por temor a la deportación.
Imelda Miranda Martin, ciudadana de Estados Unidos, solicitó ayuda al notario Oswaldo Cabrera para establecer su residencia legal en el país para los dos hijos de Martin. Miranda Martin se preocupó cuando Cabrera inmediatamente la presionó para pagar hasta 15,000 dólares.
"Me cobró 1,500 dólares por cada caso que abrió a cada uno de mis hijos", le dijo a Solís una mujer de 71 años. "Y me exigió que le pagara 4,000 dólares por cada uno de inmediato para continuar con sus casos, o me cobraría 6,000 dólares por cada uno".
Debido a que ella había ahorrado y pedido prestado solo 4,000 dólares, la mujer tuvo que elegir a cuál de sus dos hijos ayudaría. Poco después de que ella le pagara, Miranda Martin se enteró de que Cabrera había sido arrestado.
Cabrera fue condenado a cinco años de prisión por estafar a inmigrantes y Miranda Martin recuperó sus $ 4,000, aunque sus hijos aún carecen del estado de residente.
Solís dijo que los residentes pueden denunciar un fraude al Departamento de Asuntos de Consumidores y Negocios (DCBA) sin temor a represalias.
"Queremos que todos los residentes del condado defraudados por notarios tengan la seguridad de que pueden reportarnos sus casos de manera segura. El condado ofrece servicios gratuitos y puede conectar a las víctimas de fraude con los proveedores de asistencia jurídica adecuados", dijo Solis.
La junta ordenó a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes lanzar una campaña de concientización pública para ayudar a los residentes a identificar, prevenir y reportar el fraude en los servicios de inmigración.
