El próximo 5 de junio los residentes de California irán a las urnas para elegir a los dos candidatos que se enfrentarán por la gobernación del estado el próximo 8 de noviembre.
Pero los electores deberán decidir la aprobación de varias propuestas a nivel estatal relacionadas con bonos, presupuestos en impuestos. Las propuestas en la boleta electoral son la 68, 69, 70, 71 y 72, de las cuales las cuatro últimas son “enmiendas constitucional referida legislativamente (LRA)”, que deben ser decididas por los electores, de acuerdo con las leyes del estado.
Propuesta 68
Autoriza la emisión de bonos por un total de 4 mil millones de dólares para la para parques, protección de recursos naturales, infraestructura para la calidad y suministro de agua y protección contra las inundaciones.
Ofrecería un ahorro al gobierno local para proyectos relacionados con recursos naturales pero el costo de pago de estos bonos ascendería a 200 millones de dólares anuales en los próximos 40 años
Propuesta 69
Esta propuesta exige que los ingresos obtenidos de los impuestos y tarifas relacionados con la venta del combustible diésel y la Tarifa del Mejoramiento del Transporte deben utilizarse para fines relacionados con el transporte.
Local
Aunque no afectaría los ingresos o costos locales y estatales, podría influir en la forma en que se gastaría cierta cantidad de ese dinero.
Propuesta 70
Necesita la aprobación mayoritaria para permitir la utilización de fondos de reserva del programa de permisos de emisión de gases invernadero de California.
La aprobación de esta propuesta exigiría que los ingresos públicos provenientes de este programa se acumulen en un fondo de reserva a partir de 2024 hasta que la legislatura autorice su uso.
Propuesta 71
Cambia la fecha para que entren en vigencia las medidas electorales aprobadas por los votantes, el cual sería efectivo cinco días después de que la Secretaría de Estado certifique los resultados de las elecciones.
Propuesta 72
Excluye de evaluación de impuestos a la propiedad a los sistemas de captura de agua de lluvia que se completen para el 1 de enero de 2019 o después de esa fecha. El impacto fiscal podría verse en una reducción en los ingresos anuales del impuesto a la propiedad para los gobiernos locales.
