Una auditoría del Estado de California reveló que el Departamento de Servicios Familiares e Infantiles del Condado de Los Ángeles (DCFS) puso en riesgo la salud y seguridad de varios menores bajo su cuidado.
La agencia se encuentra bajo la lupa de las autoridades desde el 2013 tras la muerte del pequeño Gabriel Fernández, de ocho años.
En un informe de 43 páginas, el auditor estatal informó que el DCFS falló al investigar varios casos de abuso infantil en un lapso de 30 días, conforme manda la ley.
Algunos de los procesos duraron hasta 90 días e incluso en un caso hasta 400, exponiendo a los menores al peligro y el abuso.
“Tomamos muy en serio estas recomendaciones y estamos trabajando para implementarlas”, dijo Bobby Cagle, director del DCFS.
La auditoría se realizó tras la muerte del pequeño de Palmdale, Gabriel Fernández y Anthony Avalos de 10 años.
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El año pasado Telemundo 52 informó que trabajadores sociales tuvieron múltiples reportes de abuso físico y sexual contra Avalos desde el 2013 al 2016. Sin embargo, las llamadas antes de su muerte no se investigaron.
“En el caso de Anthony Avalos había tres reportes de abuso en dos días y les demoró a los trabajadores sociales casi cuatro días en ir a investigar”, dijo Brian Claypool, el abogado de la familia Avalos.
La auditoría reveló que los casos analizados algunos trabajadores sociales no identificaron amenazas en el hogar de los niños como violencia doméstica previa o revisión de antecedentes penales de quienes vivían en el hogar.
Tampoco realizaron visitas mensuales para asegurarse del bienestar de los menores. Además, los trabajadores sociales habrían fallado al completar las evaluaciones de seguridad y riesgo, herramienta que se usa para determinar si un niño corre peligro.
“Cuando llegué al departamento hace 18 meses no se ponían en práctica esas recomendaciones y yo las implementé de inmediato, no sé por qué no se hacía antes, dijo Cagle.
A pesar de que el DCFS hace evaluaciones exhaustivas tras la muerte de menores, la auditoría reveló que no contó con los mecanismos para implementar los cambios sugeridos.
“Creo que están equivocados en eso. Estoy orgulloso de las investigaciones que hacemos y cambios que implementamos especialmente cuando muere un niño”, señaló el director de DCFS.
El reporte también indicó que los supervisores de los trabajadores sociales no contaron con un tiempo específico para entregar las evaluaciones de riesgo y seguridad de los menores, en varias ocasiones cuando se revisaron los casos ya se habían tomado decisiones que afectaron el bienestar de los menores.
“Mientras siga aquí haré seguimiento a las recomendaciones y te invito a que en un año me hagas las mismas preguntas”, le dijo el director a la prensa.
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó recientemente dos mociones, una para que haya un mejor trato en las cortes familiares a los menores con abuso de substancias tóxicas y la otra para la desigualdad racial y de género.
