Ante el temor de que las calles y las aceras de Los Ángeles estén en tan mal estado y que no estén listas para manejar la afluencia esperada de 500,000 visitantes en los Juegos Olímpicos de 2028, un comité del Consejo de la Ciudad respaldó el miércoles una solicitud de un informe del personal de la ciudad sobre cómo financiar mejoras.
Casi el 40 por ciento de las calles de la ciudad tienen una calificación D o F, más de 8,700 millas de carril necesitan rehabilitación y la ciudad recientemente aprobó un plan de 1.4 mil millones de dólares para reparar sus aceras rotas en las próximas tres décadas, según una moción del ex concejal Mitchell Englander y el concejal Joe Buscaíno, quienes pidieron el informe.
El Comité de Obras Públicas y Reducción de Pandillas aprobó la moción, que instruirá al personal de la ciudad a informar sobre varias opciones para avanzar en el financiamiento de las mejoras en las calles y aceras antes de los Juegos Olímpicos de 2028.
La moción, que fue presentada hace poco más de un año pero no fue escuchada por un comité del Concejo Municipal hasta el miércoles, dice que las mejoras en las calles de la ciudad costarán millones de dólares que la ciudad no tiene, mientras que la ciudad continúa pagando millones en acuerdos en demandas por lesiones causadas por calles y aceras en mal estado.
Englander, quien se retiró de su escaño a principios de año, y Buscaíno, también estuvieron detrás de la campaña 2013-2014 llamada Salven Nuestras Calles (SOS), que propuso una subida del impuesto a las ventas de medio centavo para arreglar las calles de la ciudad, pero finalmente abandonaron la propuesta.
La moción dice que posiblemente haya nuevos ingresos disponibles que no estaban disponibles en 2014, lo que posiblemente permita a la ciudad "acelerar los proyectos de infraestructura masivos de una manera más eficiente y económica".
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Las nuevas opciones de ingresos que sugiere la moción son la Medida M, una iniciativa de la boleta electoral de 2016 que se estima que recaudará 120 mil millones de dólares en los próximos 40 años para proyectos de transporte, y el Proyecto de Ley 1 del Senado, un impuesto estatal a la gasolina que recaudará 54 mil millones de dólares durante la próxima década para arreglar la infraestructura del transporte.
