Inmigración

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Eliminación de deportaciones obligatorias: qué se debe hacer

Abogada experta en inmigración brinda importantes consejos tras el histórico fallo.

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    Consejos para inmigrantes tras fallo judicial por deportaciones

    Una abogada experta en inmigración brinda tips para los afectados y sus familiares luego de la decisión sobre las expulsiones obligatorias. (Publicado miércoles 18 de abril de 2018)

    La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el martes que una parte de la ley que facilita las deportaciones de extranjeros condenados por un delito es demasiada "imprecisa" y, por tanto, no se puede poner en práctica, lo que limita la capacidad del Gobierno para deportar a inmigrantes con antecedentes.

    La abogada experta en Inmigración, Claudia Cañizares, explica los alcances de la medida y brinda consejos a los inmigrantes que se encuentren en proceso de deportación y a quienes ya hayan recibido un fallo en su contra por la comisión de un delito, ya que se podría reabrir el caso, siempre y cuando presenten una moción en ése sentido.

    La decisión del alto tribunal fue muy ajustada, con solo cinco de los nueve magistrados a favor, entre los que figuró el conservador Neil Gorsuch, nombrado el año pasado por el presidente, Donald Trump, y que interpreta la Constitución de manera literal sin tener en cuenta los cambios de la sociedad actual.

    En la sentencia, escrita por Gorsuch, los jueces consideran que la provisión de la ley que facilita las deportaciones es demasiado "poco clara" cuando define qué es un "delito violento", algo que hasta ahora permitía al Gobierno acelerar la expulsión de aquellos extranjeros condenados por un delito.

    Con su fallo, el tribunal confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que en 2015 ya anuló esa provisión de la ley al considerarla demasiado confusa.

    La decisión del Tribunal Supremo es un golpe para Trump, que verá mermada su capacidad para acelerar la deportación de extranjeros con antecedentes penales.

    El caso está centrado en la figura de James Dimaya, un filipino que llegó a Estados Unidos en 1992 con 13 años y, en 2007 y 2009, fue condenado por dos delitos de robo, por los que fue condenado en total a cuatro años de prisión.

    Entonces, en 2010, el Gobierno comenzó el proceso para deportarle porque, a su juicio, los robos por los que había sido condenado podían considerarse "delitos violentos" y, por tanto, su expulsión estaba amparada por esa provisión recogida en la ley federal.

    La Corte Suprema celebró una audiencia sobre este caso el 2 de octubre.