ORLANDO, Florida- Varias organizaciones de derechos civiles y en apoyo a inmigrantes presentaron una demanda federal contra la nueva ley migratoria SB1718 de Florida.
La demanda fue sometida por la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, conductores y pasajeros indocumentados que viajan regularmente hacia y desde Florida.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
El recurso legal también fue presentado por Southern Poverty Law Center, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council, American Civil Liberties Union, entre otros grupos.
Te puede interesar
La demanda, según se informó, se centra en las disposiciones establecidas en la sección 10 de la ley, que criminaliza el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente al país y no hayan recibido "inspección" por el gobierno federal desde entonces.
Mark Arias, abogado de inmigración, expresó que esta demanda podría prosperar. “Yo creo que la ley se presta a ‘profiling, racial profiling’ (discriminación racial), y eso es un problema. Cuando un juez la revise, va a ver que esta ley no va a aguantar este reto constitucional. Va a ver que esta ley se puede implementar de una manera justa. Así que yo creo que estos grupos van a ganar”, expresó Arias en entrevista con TELEMUNDO 31.
También agregó: “y si no prospera en esta ronda, es muy seguro que se reúnan y le hagan cambios o enmienden la demanda para volverla a presentar”.
El licenciado anticipó que se podrían presentar más demandas enfocadas en otros artículos de esta ley próximamente.
La demanda afirma que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a castigo criminal sin un aviso justo, y que el uso del término "inspección" por parte de Florida es incoherente e inconstitucionalmente vago.
El caso fue presentado contra el gobernador Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida.
