Los Ángeles. — El fiscal general de California se hizo cargo el martes de una investigación del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles sobre un supervisor del condado que calificó la pesquisa de corrupción como un acto de represalia política.
El fiscal general Rob Bonta anunció que asumiría toda la responsabilidad de la investigación de los contratos otorgados a un grupo sin fines de lucro dirigido por una amiga de la supervisora Sheila Kuehl.
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El Departamento de Justicia del estado le pidió al departamento del alguacil más grande del país que detuviera su investigación y entregara las pruebas del caso.
El Departamento del Alguacil publicó una carta que Bonta envió el martes al subalguacil Timothy K. Murakami señalando que tiene autoridad para hacerse cargo de las investigaciones “en interés público” y ordena al departamento que cese la actividad en el caso, incluida la realización de declaraciones públicas o presentaciones judiciales.
Durante más de un año, el Departamento del Alguacil ha estado investigando unos $800,000 en contratos otorgados por la Autoridad de Transporte Metropolitano (Metro) del condado a Peace Over Violence, una organización sin fines de lucro que se describe a sí misma como una “agencia de servicio social dedicada a la eliminación de la violencia sexual y doméstica y todas las formas de violencia interpersonal”.
Los contratos eran para operar una línea directa para denunciar acoso sexual en el transporte público.
La directora ejecutiva y CEO del grupo es Patricia Giggans, amiga de la supervisora Sheila Kuehl.
El Departamento del Alguacil ha dicho que estaba investigando si Kuehl estuvo indebidamente involucrada en la obtención de contratos para el grupo.
Kuehl es una crítica feroz del alguacil Alex Villanueva y ha pedido su renuncia. Nombró a Giggans para servir en la Comisión de Supervisión Civil que supervisa el Departamento del Alguacil.
Ambas han negado haber actuado mal con respecto a los contratos.
La semana pasada, los agentes del alguacil allanaron las oficinas del condado y las casas de Kuehl y Giggans, pero un juez de la Corte Superior ordenó al Departamento del Alguacil que suspenda temporalmente la búsqueda de computadoras y discos duros incautados en las redadas.
Kuehl y Metro impugnaron la validez de las órdenes de allanamiento y los abogados de Kuehl escribieron en un expediente judicial el lunes que las redadas en la casa y la oficina de Kuehl fueron “motivadas políticamente y como represalia”.
La presentación calificó las órdenes de registro de esos registros como un “abuso flagrante de poder y una ofensa al estado de derecho”.
Villanueva se había recusado de la investigación pero lo ha discutido en entrevistas y en las redes sociales mientras hace campaña para la reelección.
Mientras tanto, el día de las redadas, el alguacil le pidió a Bonta que investigara si Kuehl y Giggans habían recibido indebidamente un aviso previo de las búsquedas. En la carta del martes, Bonta dijo que investigaría las acusaciones, pero que también se haría cargo de la investigación del Departamento del Alguacil.
“En los últimos días, el desarrollo público de una investigación sin precedentes ha planteado serias dudas para los residentes del sur de California y más allá”, dijo Bonta en un comunicado emitido por su oficina. “Reconozco la profunda incertidumbre que esto ha generado”.
Dijo que su oficina estaba comprometida con “una investigación exhaustiva, justa e independiente que ayudará a restaurar la confianza de la gente de nuestro estado”.
