Si el presidente Donald Trump logra excluir a los inmigrantes que viven sin autorización legal en Estados Unidos del conteo para redefinir los distritos de la Cámara de Representantes federal, California, Florida y Texas terminarán con un escaño legislativo menos cada uno a diferencia de si son contados todos los habitantes, según un análisis de un grupo de expertos.
Sin esa población, California perdería dos escaños en lugar de uno, Florida ganaría uno en lugar de dos y Texas ganaría dos en lugar de tres, de acuerdo con el análisis del centro de investigación independiente Pew.
Asimismo, el análisis de Pew muestra que Alabama, Minnesota y Ohio conservarán una banca en la cámara baja que muy probablemente perderían en el prorrateo, como se conoce al proceso de repartición de escaños por estado, que se efectúa después que la Oficina del Censo completa el conteo de habitantes en Estados Unidos. La oficina continúa realizando el censo 2020. El censo tiene lugar cada 10 años en el país.
Las leyes federales obligan a la Oficina del Censo a que entregue a finales de año al presidente el conteo definitivo de habitantes para la repartición de las bancas, pero la oficina ha solicitado al Congreso una prórroga hasta el próximo 30 de abril debido a los contratiempos causados por la pandemia.
Además de ser utilizados para repartir los escaños en la Cámara de Representantes, los resultados del censo 2020 contribuirán a determinar cuántos votos recibe cada estado en el Colegio Electoral y cómo se distribuye un financiamiento federal de 1,5 billones de dólares.
Todos los habitantes de los estados son tradicionalmente contados durante la repartición de escaños, pero Trump emitió el martes un decreto para impedir que las personas que vivan sin autorización legal en el país sean incluidas en el conteo que se utiilzará para redefinir los distritos de la cámara baja. Trump señaló que incluirlas “podría crear incentivos perversos y socavar nuestro sistema de gobierno”.
Al menos cuatro demandas o avisos de impugnación legal fueron presentados para frenar el decreto. Algunos oponentes afirman que es un intento para suprimir el creciente poder político de los latinos en Estados Unidos y discriminar a las comunidades inmigrantes de otras minorías no blancas. En las demandas se afirma que no existe un método confiable para contar a las personas que viven sin permiso en el país y la orden disminuirá la precisión del censo.
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El decreto del presidente rompe una tradición de casi 250 años y es inconstitucional, según una demanda presentada por Common Cause (Causa Común), la ciudad de Atlanta y otras partes ante una corte federal en el Distrito de Columbia.
