Una mujer de Lancaster y su novio acusados por la tortura y el asesinato de su hijo de 10 años aparecieron en corte el lunes en la tarde, pero no formularon declaraciones.
La lectura de cargos para Heather Maxine Barron, de 28 años, y Kareem Ernesto Leiva, de 32, fueron reprogramados para el 3 de agosto en la corte de Lancaster.
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Ambos acusados enfrentan un cargo por asesinato y tortura en conexión con la muerte de Anthony Ávalos. Barron tiene un cargo adicional de abuso infantil, mientras Leiva tiene un cargo de asalto a un niño causando la muerte.
Heather Maxine Barron, de 28 años, y Kareem Ernesto Leiva, de 32, enfrentan un cargo de asesinato y tortura en relación con la muerte de Anthony Ávalos.
Barron también está acusado de un cargo de abuso infantil. Leiva además es acusado con un cargo de asalto a un niño con consecuencia en la muerte.
Los dos están acusados de torturar al niño en los días previos a su muerte, el 21 de junio, según los fiscales.
Si es declarada culpable, Barron podría enfrentar una condena de hasta 22 años en una prisión estatal y Leiva podría enfrentar un máximo de 32 años a cadena perpetua, según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.
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Leiva -quien fue interrogado el miércoles pasado en la estación del alguacil del condado de Los Ángeles en Lancaster- “hizo declaraciones que llevaron a los detectives a arrestarlo por el asesinato de Anthony Avalos'', dijo el alguacil Jim McDonnell a los periodistas en una conferencia de prensa.
Leiva fue detenido el jueves por los agentes del alguacil después de ser tratado por una laceración aparentemente auto infligida en su pecho.
Barron fue arrestada el viernes por los ayudantes del alguacil, según los registros de la cárcel. Ambos están detenidos en lugar de una fianza de 2 millones de dólares para cada uno.
Agentes del alguacil y paramédicos respondieron a una llamada al 911, hecha por Barron, el 20 de junio, alrededor de las 12:15 p.m., y encontraron al chico inconsciente dentro del departamento de su familia.
Las autoridades dijeron que les habían informado que el niño había sufrido heridas por una caída, pero los investigadores clasificaron rápidamente la muerte como “sospechosa”. El alguacil Jim McDonnell dijo a los periodistas que el niño “sobrevivió toda la noche'' pero “trágicamente sucumbió a sus heridas a las 6:30 de la mañana siguiente".
En una conferencia de prensa horas antes de que se anunciaran los cargos criminales, la familia del niño, excluyendo a su madre, exigió respuestas sobre cómo los trabajadores sociales manejaron el caso del niño.
Al abogado Brian Claypool se unió un grupo de parientes del niño fuera de la oficina del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Lancaster.
“Nos dijeron que había 16 denuncias de sospecha de abuso infantil '', dijo Claypool dijo. “Una de las razones por las que estamos aquí hoy es que queremos averiguar: ¿El DCFS del Condado de Los Ángeles visitó el hogar en esas 16 ocasiones? ¿Visitaron la casa o simplemente hicieron una llamada telefónica? Entonces, ¿qué tipo de seguimiento se llevó a cabo? ''
El martes pasado, la Junta de Supervisores aprobó una moción de la Supervisora Kathryn Barger pidiendo una revisión exhaustiva de por qué Anthony no fue sacado de la casa de su familia, a pesar de una docena de informes al DCFS entre 2013-16, incluida una acusación fundamentada de abuso sexual por un abuelo cuando el niño tenía 4 años.
“Hubo maestros, miembros de su familia, el contacto a las fuerzas del orden público. Y sin embargo, Anthony está en la morgue; estamos esperando los resultados de la autopsia '', dijo Barger el miércoles.
"Uno tiene que preguntarse qué se necesita para llamar la atención, no solo de los trabajadores sociales, sino del público en general, porque me dicen que los vecinos también estaban al tanto de lo que estaba sucediendo".
Barger y otros funcionarios del condado dijeron en repetidas ocasiones que esperarían a que llegaran todos los hechos antes de sacar conclusiones sobre qué sucedió exactamente con el niño. Sin embargo, Barger lo llamó un "asesinato sin sentido", explicando que "no tenemos una conclusión, pero no hay otra explicación".
"Mientras todas las agencias trabajan incansablemente para llegar al fondo de lo que sucedió, cada día saca a la luz nuevas actualizaciones e información sobre la muerte sin sentido de Anthony", según una declaración emitida por el director de DCFS, Bobby Cagle.
“Aunque no podemos comentar sobre una investigación criminal en curso, estamos comprometidos a cooperar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley. Reitero mi profundo compromiso para que se haga justicia en nombre de este niño inocente. Nuestros corazones están con aquellos que se han visto tan profundamente afectados por esta tragedia''.
Barger recordó el caso de Gabriel Fernández, un niño de 8 años de Palmdale, quien fue golpeado hasta la muerte en 2013 por el novio de su madre, a pesar de las múltiples llamadas al DCFS durante varios años.
El novio, Isauro Aguirre, quien según los informes odiaba al niño porque pensaba que era homosexual, fue sentenciado a muerte el 7 de junio por el crimen y la madre de la víctima, Pearl Fernández, fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional.
Cuatro funcionarios de DCFS están esperando juicio por cargos de abuso infantil y falsificación de registros que involucran al niño.
La Oficina de Protección Infantil se estableció para transformar el sistema de bienestar infantil en respuesta a ese asesinato de 2013.
Otro posible paralelismo era la inquietud de que la homofobia podría haber contribuido al abuso de los niños.
Aunque un posible motivo en el caso de Anthony sigue bajo investigación, Cagle le dijo a City News Service que le habían informado que Anthony dijo “que le gustaban los niños y las niñas'' y que el contexto del comentario del niño no estaba del todo claro.
En la conferencia de prensa del miércoles pasado, el capitán del alguacil, Christopher Bergner, dijo que la homofobia “no ha surgido en nuestra investigación como una motivación en este momento”.
