LOS ÁNGELES (California) - La Oficina del Auditor ha pedido a la Junta Médica y al Departamento de Salud Pública de California que investiguen a 17 médicos y ocho hospitales involucrados en la esterilización no autorizada de prisioneras, sobre la base de una auditoría cuyos resultados se dieron a conocer el jueves.
La Oficina del Auditor recomendó que se investiguen 39 casos en que se realizaron esterilizaciones sin el consentimiento de las prisioneras. Lo que se investiga es si se informó debidamente a las mujeres de la naturaleza y permanencia de los procedimientos.
Los casos se referirán al Departamento de Salud Pública y a la Junta Médica (la entidad estatal que emite licencias a los médicos), dijo Liz Gransee, portavoz del funcionario nombrado por un tribunal federal que controla los servicios médicos en las prisiones de California. Gransee dijo que las investigaciones son confidenciales.
Los 39 casos están entre 144 ocurridos entre el 2006 y el 2013 en que a las prisioneras les ligaron las trompas o las sometieron a otros procedimientos con el único fin de esterilizarlas. Otras 650 prisioneras fueron sometidas a procedimientos médicos que pudieron haber resultado en esterilización.
Los auditores concluyeron que casi 30% de las ligaduras de trompas y otros procedimientos de esterilización se realizaron sin el consentimiento debido de las pacientes.
En 27 casos, el médico no firmó el consentimiento exigido, que indica que la persona parece mentalmente competente y comprende los efectos permanentes del procedimiento, ni esperaron un mínimo de 30 días y un máximo de 180 para que la paciente reconsiderara su decisión.
En 18 casos hubo infracciones potenciales al período de espera, eso incluyó un caso en que sólo transcurrieron 22 días entre el momento en que la prisionera aceptó someterse a la operación y el momento en que se la realizaron, y un segundo casi en que transcurrieron 196 días.
Margarita Fernández, portavoz del Auditor Estatal de California, dijo que se investigan 39 esterilizaciones cuestionables que involucran a 17 médicos y ocho hospitales. Las esterilizaciones fueron realizadas por médicos privados en hospitales fuera de las prisiones, dijo Fernández. Las operaciones a reos por lo general se realizan en instalaciones externas.
La senadora estatal Hannah-Beth Jackson dijo que considera asombroso que casi 30% de las operaciones se realizaron sin el consentimiento de rigor. Jackson, demócrata por Santa Bárbara, es autora de un proyecto de ley que prohíbe a las prisiones y cárceles estatales esterilizar prisioneras para propósitos de control de la natalidad.
La oficina del interventor federal dijo anteriormente que en el 2010 se implementaron nuevos procedimientos para limitar las esterilizaciones, pero el auditor estatal recomendó que se adoptaran medidas para supervisar a su propio personal médico y a proveedores de servicios médicos bajo contrato con el estado.
La oficina del interventor no se aseguró que su personal obtuviera el consentimiento de rigor de las prisioneras y de dos comités de supervisión antes de esterilizar a las mujeres, concluyó la auditoría.
El asunto salió a relucir después que el Centro de Reportajes Investigativos -organización no partidista y sin fines de lucro- encontró que habían esterilizado a casi 150 prisioneras sin la debida autorización estatal en un período de cinco años.
