Inquilinos en Los Ángeles que están enfrentando un desalojo están exigiendo que funcionarios Los Ángeles crean una ordenanza que garantice que ellos puedan contar con ayuda legal sin costo alguno, y que la ciudad y el condado cubra los gastos.
Aproximadamente, 42,500 desalojos ocurren anualmente en el Condado de Los Ángeles y 90 por ciento de los inquilinos no tienen un abogado que los asesore, esto mientras que 90 por ciento de los propietarios de las viviendas si tienen representación legal.
“Del 100 por ciento que se presenta en corte, solo 10 por ciento lleva un abogado. Hay a veces la gente llega llorando se nos rompe el corazón”, dijo José Felix, representante de la organización Inquilinos Unidos.
Esta fue la razón en que hace aproximadamente un mes comenzó un programa piloto entre el condado y la ciudad para asesorar gratuitamente a residentes que sufren el terror de ser desalojados de sus viviendas y que al no tener dinero no pueden contratar abogados.
El miércoles, el comité de viviendas de la ciudad de Los Ángeles se comprometió a buscar más fondos para seguir dando esa representación legal sin costo a personas de bajos recursos.
“Van a dar instrucciones al abogado de la ciudad para escribir la ley y creo que va a durar unos 6 meses para a dar los servicios”, señaló Cynthia Chagolla, abogada.
El concejal Gil Cedillo también presentará una moción para que se cree una ordenanza en la ciudad para que la representación legal gratuita contra desalojos sea un derecho garantizado para todas las personas que lo
“A través de la moción que fue hecha en el comité de vivienda y que luego será sometida a votación en enero por el concilio en pleno, se le va a pedir al abogado de la ciudad Mike Feuer que codifique una ordenanza que otorgue la representación legal gratuita como un derecho para garantizar que sea algo permanente y que haya los fondos”, dijo Erica Osorio, quien enfrenta desalojo.
Los expertos les señalaron a Telemundo 52 que si todo va encaminado positivamente, la representación legal podría comenzar a implementarse a mediados de enero ya no como un programa piloto sino como parte de un nuevo reglamento u ordenanza.
