Washington -- La idea de nombrar a expertos neutrales para analizar los hechos consignados de presunta mala praxis atrae a grupos conservadores en ambos partidos. Esos grupos quieren abordar las responsabilidades de los médicos como parte de la legislación de salud, que hasta ahora no ha hecho gran mención del asunto. Pero los abogados litigantes se oponen firmemente a esos límites.

Sin embargo, la Asociación Estadounidense de Hospitales ha ofrecido un nuevo plan a los legisladores, con la esperanza de que se tome en cuenta durante el debate en el pleno senatorial sobre la reforma de salud, en las próximas semanas.

Por separado, en una audiencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos prevista para la semana próxima, los defensores de la idea instarán al gobierno a aportar fondos para un programa piloto. Obama ha reservado 25 millones de dólares para probar varias alternativas distintas a los litigios sobre errores médicos, y la audiencia constituye el primer paso para decidir cómo se distribuirán esos recursos.

"Existe aquí una oportunidad progresiva de superar lo que ha sido un debate estereotipado y polarizado en Washington", dijo Will Marshall, presidente del Progressive Policy Institute, centro investigación con una tendencia demócrata moderada. "Esto ayuda a metas progresistas y conservadoras. Uno no tendría que sufrir una lesión terrible y verse en la necesidad de contratar a un abogado especialista en los temas para tener acceso a la corte".

Añadió que la medida reduciría la cantidad de dinero que los médicos u hospitales deben pagar a las aseguradoras para protegerse de la bancarrota en caso de una demanda.

Durante años, los médicos han sostenido que el temor a las demandas los lleva a ordenar análisis innecesarios que elevan los costos para todos. En Obama han encontrado a un presidente demócrata que acepta esa premisa.

También han surgido muestras de apoyo de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la cual concluyó recientemente que los límites en casos de mala praxis reducirían el déficit federal en 54.000 millones en 10 años, principalmente porque los programas gubernamentales Medicare y Medicaid no tendrían que pagar tanto por medidas terapéuticas o de diagnósticos diseñadas principalmente para evitar responsabilidades legales.