MÉXICO - La Justicia mexicana ordenó el domingo la prisión preventiva de quien hasta ayer era uno de más altos funcionarios del estado de Michoacán, José Jesús Reyna, al encontrar indicios de "posibles contactos con organizaciones delictivas". Reyna ocupaba la Secretaría de Gobierno de Michoacán, el puesto más importante en ese estado después del gobernador, y además fue gobernador interino durante varios meses el año pasado mientras el titular, Fausto Vallejo, dejó el cargo por motivos de salud. El viernes, Reyna, que durante la mañana había participado en varios actos oficiales con Vallejo en Morelia, la capital de Michoacán, fue trasladado a la capital mexicana para declarar ante agentes de una unidad especializada contra el crimen organizado de la fiscalía general. La Procuraduría General de la República (PGR) no precisó las razones por las que había pedido la "localización y presentación" de Reyna, pero hoy dio algunos detalles al señalar "posibles contactos con organizaciones delictivas". En un comunicado difundido hoy, la PGR señaló que después de declarar, y con el fin de profundizar las pesquisas, había solicitado al juez el arraigo o prisión preventiva de Reyna "en tanto se establecen las posibles responsabilidades". El juez dictó la orden de arraigo, que se prolongará 40 días, según anunció en la nota oficial la fiscalía general. La información se conoce horas después de que el Gobierno mexicano asegurara que llegará hasta el final en este caso. "Más allá de las personas, de las responsabilidades, el imperio de la ley es el que se pone al frente, y así lo seguirá haciendo, y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. "Es algo que ya habíamos comentado, no es algo nuevo, hemos dicho que haremos las investigaciones correspondientes, pegara donde pegara, y así lo estamos haciendo", insistió el alto funcionario en declaraciones a los periodistas durante un acto público. Osorio Chong, el alto cargo de mayor peso en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo que Reyna, "si ha tenido algo que ver con respecto a estos momentos difíciles de seguridad, tendrá que asumir sus propias consecuencias". Un dirigente de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Miguel Mireles, acusó el año pasado a Reyna de tener presuntos vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios, que actúa en Michoacán, pero el alto funcionario lo negó. Mireles no presentó pruebas y sólo mencionó que la esposa de Reyna es cuñada del máximo líder de ese cártel, Servando Gómez, alias La Tuta, que está en paradero desconocido. Reyna, de 62 años, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder federal), encabezó el Gobierno de Michoacán en carácter interino, desde abril hasta octubre del año pasado, mientras el titular, Fausto Vallejo, se sometía a un trasplante de hígado. En Morelia, el gobernador Vallejo, en la primera información pública sobre este caso, anunció hoy que había decidido "separar del cargo" a Reyna con el fin de "garantizar la aplicación de la ley", según un comunicado oficial. En la nota, Vallejo dice que aunque Reyna "se ha venido desempeñando como un colaborador eficiente, esto no lo exime de responder por las conductas personales que le sean señaladas, pues la aplicación de la ley debe ser sin distingos". Vallejo, añade el comunicado, espera que la indagatoria continúe con su cauce procedimental y se investigue exhaustivamente para que una vez ofrecidas y desahogadas las pruebas de cada parte, y ante cualquier determinación de la autoridad competente, se proceda conforme a derecho corresponda. También señala que el reemplazo de Reyna en la Secretaría de Gobierno será designado en los próximos días. El Gobierno mexicano se ha volcado los últimos meses en Michoacán ante el vacío de autoridad en ese estado por las acciones de los "templarios" y el surgimiento de grupos de autodefensa que se alzaron en armas para combatir a los narcotraficantes. Han sido enviados miles de soldados y policías, que han asumido funciones que antes correspondían a agentes federales y municipales, y el Ejecutivo ha designado a varios altos funcionarios para garantizar la seguridad en el estado.
