LOS ÁNGELES (California) - Un vendedor de helados y otros vendedores ambulantes demandaron al municipio de Los Ángeles por confiscar su dinero, frutas y otras pertenencias de manera presuntamente ilegal, anunciaron los abogados que presentaron la querella.
"Tenemos pavor cuando viene la policía hacia nosotros o cuando los guardias de seguridad vienen a confiscar nuestra propiedad", dijo Aureliano Santiago, quien afirmó que las autoridades le han confiscado sus carritos de tacos y helados unas 20 veces en los últimos años.
En cada incautación ha perdido unos 300 dólares, que no es mucho para algunas personas pero para él y su familia sí, agregó el inmigrante salvadoreño en conferencia de prensa afuera de la sede del Departamento de Policía de Los Ángeles.
La demanda fue presentada en una corte federal a nombre de Santiago y otros miembros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. Alega que la policía y guardias de la Fashion District Business Improvement District, conocido por sus siglas como FDBID, que funciona con fondos municipales, actúan de manera ilegal porque no confiscan propiedades para obtener evidencias de un crimen.
"Esto no solo es ilegal, es profundamente injusto", dijo Michael Kaufman, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California.
Kent Smith, director ejecutivo del FDBID, dijo que la venta ambulante es inapropiada cerca del centro de Los Ángeles porque convierte a las veredas angostas y transitadas en un peligro para la gente. También crea riesgos para los dueños de negocios del área y muchos residentes de la zona lo consideran una molestia.
"Es difícil no ver esto como algo un poco intimidante", dijo Smith sobre la demanda. "Ellos están actuando como juez y jurado en vez de reunirse con nosotros de manera abierta".
Luego de incautar las propiedades, las autoridades se deshacen de todo. Si es que se les ha confiscado dinero, los afectados pueden pedir que se lo devuelvan pero muchos de ellos no lo hacen por temor, dijo la abogada Cynthia Anderson Barker, del Gremio Nacional de Abogados.
De acuerdo con activistas y abogados, no se puede saber exactamente cuántas propiedades han sido confiscadas pero creen que muchos vendedores no se quejan por temor a las autoridades o por miedo a que el asunto afecte su estatus legal de manera negativa. Muchos vendedores ambulantes en Los Ángeles son inmigrantes hispanos.
Esta es la séptima vez que organizaciones pro derechos civiles demandan a autoridades de Los Ángeles por desechar propiedad de personas en las calles en los últimos 20 años.
"Dejan de hacerlo por un tiempo y luego vuelve a ocurrir", dijo la abogada Carol Sobel, del Gremio Nacional de Abogados.
La demanda ocurre al mismo tiempo que los vendedores ambulantes están pidiendo a concejales de Los Ángeles que legalicen la venta ambulante. El pedido está siendo analizado por un comité municipal.
