Los legisladores de California dieron la aprobación inicial a una medida que impide que las fuerzas del orden público cooperen con funcionarios federales de inmigración, una medida que los defensores dicen rechaza al presidente Donald Trump por su represión de inmigración.
Esto hace de California un santuario estatal para muchas personas que están en el país ilegalmente.
El Senado estatal aprobó la medida en un voto de 27-12, enviándo así la orden a la Asamblea estatal.
El proyecto de ley, SB54, avanzó después de que el presidente del Senado Kevin de León, un demócrata de Los Ángeles, lo modificó para permitir que la policía estatal y local notifique a los agentes federales de Inmigración y Aduanas antes de que se declaren culpables.
De León también despojó el proyecto de ley de una disposición que habría requerido una votación de dos tercios. Pasar la medida por mayoría simple significa que no entraría en vigor hasta el 1 de enero, mientras que la versión anterior habría entrado en vigor inmediatamente.
"Cooperaremos con nuestros amigos a nivel federal con criminales serios y violentos, pero no cooperaremos ni levantaremos un dedo ni gastaremos un solo centavo cuando hablamos de separar a los hijos de sus madres, las madres de sus hijos". Dijo León.
Trump en enero firmó una orden que amenazaba con retirar las subvenciones federales de las jurisdicciones que impiden a los funcionarios comunicarse con las autoridades federales sobre el estatus migratorio de alguien.
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"Al pasar esto hoy usted estará pateando al presidente justo en la ingle, y puedo imaginar que va a atacar de nuevo", dijo el senador republicano Jeff Stone de Temecu
Los legisladores en el estado más poblado de la nación también avanzaron otros dos proyectos de ley que intentan impedir las políticas de inmigración del presidente. Enviaron a la Asamblea un proyecto de ley, SB6, que proporcionaría $12 millones para pagar abogados para inmigrantes que se enfrentan a la deportación, y otra medida, SB31, que prohibiría a los funcionarios estatales compartir datos si el gobierno federal crea un registro musulmán.
California es el hogar de 2,3 millones de inmigrantes, estimados, que no tienen autorización legal. San Francisco, que está entre las ciudades con su propia ley de santuario, está demandando la orden ejecutiva de Trump.
El proyecto de ley estatal sobre el santuario, SB54, impediría que la policía y los sheriffs arresten o detengan a personas por violaciones de inmigración a menos que un juez emita una orden judicial. Las recientes enmiendas de De León también hacen más fácil que la policía local entregue criminales a funcionarios federales de inmigración si previamente fueron deportados por un delito violento.
Las agencias estatales y locales de aplicación de la ley no podrían ayudar a investigar las violaciones de inmigración o investigar sobre el estatus migratorio de alguien.
La medida también busca limitar las actividades de control migratorio en escuelas, tribunales y otras instalaciones públicas.
