PHOENIX (Arizona) - Organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes interpusieron el jueves una demanda que busca revertir una orden de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que le niega licencias de conducir a los jóvenes inmigrantes que hayan obtenido permisos de trabajo y evitado su deportación gracias a una nueva política del gobierno del presidente Barack Obama.
La demanda alega que la orden de Arizona de hecho clasifica a los llamados "dreamers" como inmigrantes sin permiso de residir en Estados Unidos. Las organizaciones le pidieron a un juez federal que declare inconstitucional esa orden porque la ley federal tiene primacía y porque niega las licencias sin una justificación válida.
"La creación de Arizona de su propia clasificación migratoria se entromete de forma inadmisible en la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la inmigración", afirmó la demanda.
Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) para Arizona, uno de los grupos que presentaron la demanda, dijo que Brewer está politizando la vida de los jóvenes inmigrantes.
"Este es otro ejemplo de cómo el estado de Arizona se burla del gobierno federal", agregó.
En junio, el gobierno de Obama ordenó medidas administrativas para evitar que hasta 800,000 inmigrantes irregulares fuesen deportados. También se les permitió solicitar permiso de trabajo renovable con vigencia dos años.
Los beneficiarios debieron haber sido traídos a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, ser menores de 30 años, haber estado en el país durante cinco años consecutivos por lo menos, haber terminado sus estudios en una escuela secundaria o haber certificado tales estudios con un programa GED, o haber servido en las fuerzas armadas.
Inmigración
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) dijo en agosto que cada estado podía decidir emitir licencias de conducir a los inmigrantes beneficiados por el programa de suspensión de deportaciones o extenderles otras prestaciones, como la tarifa estatal preferente para estudios universitarios.
Algunos estados, como Oregón y Nevada, han anunciado que le concederán permisos de conducir a las personas elegibles para el nuevo programa. Otros, como Arizona y Michigan, han dicho que se negarán.
Brewer ha alegado que su orden del 15 de agosto sobre los permisos de conducir era necesaria para asegurarse que las dependencias de Arizona se adhirieran al espíritu de las leyes estatales que niegan prestaciones públicas a los inmigrantes que residen ilegalmente en el país.
Periodistas de The Associated Press solicitaron opiniones sobre la demanda a la oficina de Brewer, quien no respondió de inmediato el jueves.
La gobernadora se ha enfrentado frecuentemente con el gobierno de Obama sobre el tema de la inmigración, sobre todo en relación con una impugnación del gobierno federal para tratar de invalidar la ley de inmigración de Arizona de 2010. La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la sección más polémica de la ley, pero rechazó otras porciones.
Los abogados de los tres grupos defensores de los derechos civiles que encabezaron la impugnación a la ley estatal de 2010 también presentaron la demanda del jueves contra la política de Brewer sobre las licencias de conducir.
El nuevo caso fue entablado a nombre de cinco inmigrantes jóvenes de Arizona que fueron traídos a Estados Unidos desde México cuando eran niños y a quienes se les concedió protección temporal de deportación. A ellos, sin embargo, se les negaron las licencias de manejo. También se quejaron de que la orden de Brewer les ha causado dificultades significativas.
Según el texto de la demanda, la orden de Brewer le ha hecho difícil o imposible a estos jóvenes inmigrantes hacer cosas esenciales de la vida diaria, como ir a la escuela, ir a la tienda o buscar trabajo.
La demanda dice que la orden de Brewer significa que los permisos federales de trabajo otorgados a los beneficiarios del programa no son aceptados como prueba de su presencia legal en Estados Unidos al tramitar una licencia de conducir. Sin embargo, agrega la demanda, Arizona acepta tales permisos de trabajo de aquellos inmigrantes que ya recibieron el beneficio de deportación suspendida como parte de otros programas federales de inmigración.
Los cinco jóvenes inmigrantes no solicitaron una indemnización monetaria, sino que le piden al juez que prohíba al gobierno de Arizona negar licencias de conducir a inmigrantes que obtuvieron el estatus de deportación diferida por el gobierno federal. La querella busca ganar estatus de demanda colectiva, lo que permitiría que todos los demás inmigrantes jóvenes de Arizona a quienes se les concedió la protección temporal de deportación se unan a la demanda.
Alrededor de 11,000 personas que residen en Arizona han solicitado protección de deportación temporal bajo la nueva política de Obama.
La demanda también fue presentada en nombre de la Coalición de Arizona por la Ley DREAM, un grupo que aboga por una legislación federal que le brinde a centenares de miles de jóvenes un mecanismo para legalizar su situación migratoria en el país.
Los tres grupos principales de la demanda son el National Immigration Law Center, la ACLU, y el Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus iniciales en inglés).
