SANTA ANA, California - California busca frenar el aumento en la detención de inmigrantes en el estado con una medida presentada en el presupuesto para hacer frente a los planes del gobierno federal de incrementar las deportaciones.
El presupuesto estatal de $125,000 millones programado para su aprobación el jueves cuenta con una medida relacionada para impedir que los gobiernos locales firmen contratos con las autoridades federales para instalaciones de detención de inmigrantes, así como expandir los contratos existentes. También haría que el fiscal general del estado revise las condiciones de los centros de detención migratoria en California.
"Creo que en este presupuesto se envía un claro mensaje de que California va en dirección opuesta al gobierno de Trump", dijo el senador demócrata Ricardo Lara.
El presupuesto fue negociado por el gobernador Jerry Brown y altos legisladores demócratas.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) rechazó comentar sobre las medidas pendientes.
La propuesta es la más reciente en una serie de acciones por parte de los legisladores de California a fin de proteger a los inmigrantes que están ilegalmente en el país de los planes del presidente Donald Trump para incrementar el ejercicio de las leyes migratorias.
Los legisladores estatales también debaten propuestas para proporcionar abogados para los inmigrantes en sus procedimientos de deportación, así como limitar las comunicaciones entre la policía local y las agencias federales de inmigración.
Local
Thomas Homan, director interino de ICE, dijo a legisladores federales a comienzos de semana que se requieren de más espacios de detención para llevar a cabo las deportaciones adicionales. El gobierno de Trump prevé tener el próximo año a unos 51,000 inmigrantes detenidos, un incremento respecto a los 40.000 de la actualidad.
Actualmente, existen nueve centros de detención de inmigrantes en California. Todos, salvo el Centro de Detención de Otay Mesa cerca de la frontera con México, trabajan por contratos con las agencias del gobierno local para recibir a unas 3,800 personas, según el ICE.
