Activistas se dejan sentir en Luisiana

Manifestantes se dejan sentir frente a corte de Luisiana

Manifestantes comenzaron a reunirse desde temprano frente a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, en Luisiana, donde el viernes jueces escuchan los argumentos del gobierno y del estado de Texas en torno a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre los inmigrantes.

Los presentes se hicieron sentir entonando consignas y portando pancartas reclamando que se detengan las deportaciones. “Sin miedo”, “Queremos justicia” y “Sí podemos”, son algunas de las frases que se le escuchan decir a los presentes.

Mientras niños y adultos sostienen banderas estadounidenses, al otro lado dela calle activistas muestran pancartas que reclaman dignidad para las familias de los inmigrantes.

Los jueces Stephen Andrew Higginson, Jerry Edwin Smith y Jennifer Walker Elrod tienen a su cargo atender los argumentos legales que mantienen enfrentadas a ambas partes. Tomar una decisión, sin embargo, podría tomar meses. 

Tanto el Departamento de Justicia federal como el estado de Texas mantienen una batalla legal por las órdenes ejecutivas del presidente que podrían impedir la deportación de millones de inmigrantes.

La disputa legal comenzó con el caso radicado en la corte de Brownsville, Texas. El juez Andrew Hanen, quien tiene  a su cargo el pleito en la corte estatal, rechazó el pasado 7 de abril la petición del Departamento de Justicia para que se levantara la suspensión temporal que pesa sobre las órdenes ejecutivas de Obama.

Específicamente, Hanen rechazó suspender su decisión del 16 de febrero que atendía una petición realizada por 26 estados.

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El gobierno de Estados Unidos quería que se levantara  la orden preliminar, lo que hubiera permitido que el plan migratorio siguiera su curso mientras se lleva a cabo la apelación al fallo de Hanen ante la corte de apelaciones.

Una coalición de 26 estados presentó una demanda para revertir las medidas migratorias de Obama, que buscan frenar la deportación de unos cinco millones de personas que viven ilegalmente en el país.

Los gobiernos estatales, encabezados por Texas, afirman que la acción ejecutiva de Obama es inconstitucional y les obliga a invertir más en seguridad, sanidad y educación.

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