Ordenan liberar presos en dos años

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    Foto/AP

    LOS ÁNGELES (California) - Un tribunal federal dispuso darle a California otros dos años para cumplir un mandato judicial, para reducir su población penal a cierto límite, en la más reciente medida en un largo juicio que tiene como objeto mejorar la atención sanitaria de los reclusos.

    Con ese propósito, el tribunal dijo en su fallo que designará a un funcionario que se encargue de excarcelar a los presidiarios antes de que cumplan sus condenas, si el estado no cumple con establecer límites interinos o la cifra final.

    La orden dictada por un tribunal de tres jueces postergó el plazo que se cumplía en abril para reducir la población penal a unos 112,000 individuos. California sigue teniendo un excedente de más de 5,000 presos sobre el límite impuesto por las cortes, pese a que el estado ha construido más infraestructura carcelaria y ha usado celdas en instalaciones privadas.

    "Es incluso más importante ahora para los acusados que tomen medidas efectivas que provean un solución a largo plazo al hacinamiento en las prisiones, porque si no se toman las medidas, la población penal continuará aumentando y es probable que las condiciones de salud empeoren", dijeron los jueces en un fallo de cinco páginas que reprendía al estado por una demora de más de cuatro años.

    California ha reducido su población carcelaria en unos 25,000 reclusos en los últimos dos años, inicialmente mediante una ley que envía a los sentenciados por delitos de menor gravedad a las cárceles de condados en vez de las prisiones estatales. Asimismo ha invertido miles de millones de dólares en nuevas instalaciones médicas y en personal, que incluye la inauguración de un centro médico para una prisión en Stockton por un costo de 839 millones de dólares.

    El tribunal dijo que el estado no ha cumplido con implementar ninguna de las otras medidas aprobadas por el tribunal y la Corte Suprema que hubieran reducido con seguridad la población penal y hubieran aliviado las condiciones inconstitucionales que abarcan la atención médica y de salud mental.

    Los jueces dijeron que las demoras han costado dinero de los contribuyentes, a la vez que los reclusos sufren innecesariamente.