Crímenes de indocumentados avivan polémica

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    Dos casos recientes han hecho que vuelva a la palestra el debate de las ciudades santuarios y la aplicación de las leyes de inmigración.

    La muerte de Marilyn Pharis a manos presuntamente de un inmigrante indocumentado en California ha avivado el debate que dan quienes reclaman por qué estaba en libertad tras haber sido arrestado varias veces antes del incidente. La lupa vuelve a estar sobre las llamadas “ciudades santuarios” y la protección que presuntamente brindan a los extranjeros sin papeles y la brecha entre el sistema penal y el sistema migratorio del país.

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    “Estas ciudades no están cooperando con el gobierno federal para retener a estas personas que son criminales que parece que han repetido estos crímenes una y otra vez”, dijo Daniel Garza, de Iniciativa Libre.

    La policía del condado donde vivía la víctima dijo que en las otras ocasiones tuvo que dejar libre al acusado porque él pagó la fianza y no tenía una orden de deportación.

    Indocumentados que cometen crimenes despiertan debate nacional

    Indocumentados que cometen crimenes despiertan debate nacional
    La muerte de una mujer a manos presuntamente de un inmigrante indocumentado en California está dando mucho de qué hablar entre activistas de ambos lados del dialogo de inmigración. (Publicado martes 11 de agosto de 2015)

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    Al respecto el abogado Silverio Coy dice que "hay grietas en el proceso del forzamiento de la ley local en los Estados Unidos en cada estado. Por lo tanto se necesita una ley federal migratoria comprensiva que logres solucionar este tipo de problemas"

    Por su parte, lo que le preocupa a los activistas es que este tipo de casos sean utilizados para justificar leyes más severas contra los indocumentados. "Van a decir que la comunidad latina, inmigrante, somos criminales. Que la gran mayoría cometemos crímenes. Es totalmente incierto, totalmente inaceptable”, señala el activista Gustavo Torres.

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    Y la opinión la refrendan los líderes de las llamadas ciudades santuario, aquellas que se rehúsan a reportar a indocumentados ante el servicio de inmigración. Mientras, el Senado contempla medidas sobre este tema como, por ejemplo, una sentencia mínima de cinco años de cárcel para indocumentados que tratan de entrar al país luego de haber sido deportados.