SAN FRANCISCO, California -- California se convirtió en el primer estado del país que prohibirá a los caseros preguntarle a sus inquilinos su estatus legal, evitando así que los dueños de propiedades se conviertan en una especie de "policías migratorios de facto".

La ley, suscrita esta semana por el gobernador Arnold Schwarzenegger, evita que los gobiernos de las ciudades castiguen a los propietarios de casas que renten sus viviendas a indocumentados.

M?s de 90 comunidades en todo el país han buscado frenar la inmigración ilegal al proponer castigos para los dueños de casas que les renten viviendas o a los dueños de empresas que les ofrezcan empleo, entre otras medidas.

Los simpatizantes de un control más estricto de la inmigración señalaron que la ley de California evitará que los gobiernos locales actúen en un asunto en el que el gobierno federal ha fracasado.

"Está claro que Washington no quiere atender este problema", señaló Rick Oltman, de la organización Californianos en Favor de la Estabilización de la Población.

"Uno tiene ciudades que desean enfrentar el problema y esta ley los detendrá", agregó.

La ley de California "ciertamente le pone sal a la herida a los alcaldes que buscan proteger a sus residentes legales y a sus presupuestos de la carga de la inmigración ilegal", indicó el alcalde Lou Barletta, de Hazleton, Pensilvania, el cual aprobó una orden el año pasado que castiga a los caseros y a los empresarios que hagan negocios con indocumentados.

Sin embargo, la medida fue derrotada en la corte federal al ser considerada como inconstitucional y la ciudad ha presentado una apelación.

California, que tiene m?á inmigrantes que ningún otro estado, es hogar de hasta 2,8 millones de indocumentados, de acuerdo con el Centro Hispano Pew.

Los propietarios de viviendas temían que, sin la existencia de una ley, se verían obligados a afrontar el costo y las responsabilidades de la aplicación de las leyes federales de inmigración.

"Tenemos enormes obligaciones antidiscriminatorias. Entendemos la frustración, pero esa carga no debe ser aplicada a los caseros", indicó Nancy Ahlsede, directora ejecutiva de la Asociación de Apartamentos de las Ciudades del Sur de California.

En opinión de Ahlsede, si la ley hubiera fracasado, los dueños de viviendas temían convertirse en una especie de agentes de migración, revisando sus propiedades en busca de inquilinos indocumentados.

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